Más de 500 mdp del Fondo moches y de gestión social, para el sector salud pide PES

Por la vía legal el PES busca que 535 millones de pesos asignados por diputados locales para el fondo moches y gestión social se reasignen al sector salud.

La dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), inició un amparo contra la distribución de recursos en el Presupuesto de Egresos 2021 aprobado por el Congreso local y publicado por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.

El presidente del PES, Alejandro Martínez Hernández, informó que a través de un amparo constitucional buscan revertir la asignación de recursos por 535 millones de pesos, de los cuales 450 millones de pesos corresponden al Fondo de Obras y Acciones a los Municipios del Estado de Tlaxcala y 85 millones de pesos al rubro de gestión social que se distribuye entre los 25 legisladores.

Calificó la repartición de recursos por parte de los diputados locales como brutal y ruin, pues esos recursos deberían haberse asignado para atender la pandemia por Covid-19 en Tlaxcala.

“Nosotros hemos estado denunciando cómo se reparte el recurso en la Cámara de Diputados, 450 millones de pesos del famosísimo, famosísimo Fondo Moches, más 85 millones de pesos, que dan un total de 535 millones de pesos del presupuesto que debería ser para salud y campo”, subrayó.

Martínez Hernández enumeró que no el amparo fue promovido por más de  50 ciudadanos “ante lo ruin de la distribución del presupuesto”.

Señaló que el procedimiento legal es contra los diputados locales, el gobernador Marco Antonio Mena, quien dijo fue cómplice de la distribución ilegal de los recursos al publicar el decreto de Presupuesto de Egresos 2021 y no vetarlo.

“El gobernador tenía la capacidad de veto y veto algunas partidas, pero casualmente no vio la partida presupuestal que se reparten los diputados, que podrían haber sido destinados a la atención del Covid y campo, por eso nos amparamos. Nos parece brutal que no se haya vetado”, señaló.

El líder partidista, recalcó que llegarán hasta las últimas instancias legales en busca de que los recursos por 535 millones de pesos, sean reasignados conforme lo establece la Ley y no de manera discrecional y fuera de norma.

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