El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez vetó el Decreto 290 el cual contemplaba adiciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y al Código Financiero aprobadas por el Congreso local, por las cuales buscaban reducir en 70 por ciento diversos derechos estatales a favor de los concesionarios de transporte público y choferes, así como ampliar la renovación de unidades que brindan el servicio de 10 a 15 años.
Este viernes la Comisión Permanente del Poder Legislativo dio entrada al oficio que dirige el gobernador y el secretario de gobierno Aarón Pérez Carro respecto a las observaciones al decreto, el cual no fue publicado en el periódico oficial para su aplicación.
La iniciativa impulsada por Víctor Castro López y Omar Milton López Avendaño fue aprobada el 26 de noviembre del año pasado, sin embargo, fue hasta la semana pasada que el documento con las propuesta de modificación fue enviada al Congreso local por el primer mandatario.
Sin embargo, el veto ordenado por Marco Antonio Mena fue reprochado por el diputado Omar Milton López Avendaño, pues afirmó que el Ejecutivo no justificó técnicamente, ni legalmente, la negativa de publicar las reformas en apoyo al sector transporte por las complicaciones económicas que ha generado la pandemia por Covid-19.
Comentó que ya hubo un primer acercamiento con el secretario de gobierno, Aarón Pérez y la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande, quienes dijo presentaron elementos técnicos insuficientes para vetar la iniciativa “esa charla fue informal no fue en la parte técnica que corresponde a los Poderes es por eso que tuve que abandonar esa mesa porque no se estaba contando con la justificación, hasta hoy lo único oficial es que el Ejecutivo la veta y entera al Congreso del estado motivos pocos sustentables para el veto de una Ley y las mesas nos han sido de manera correcta”.
El dictamen avalado por la mayoría de diputados estableció que en la reforma al Código Financiero, que ante el surgimiento de casos fortuitos o de fuerza mayor que impacten directamente a los ingresos de los concesionarios del servicio de transporte público, tales como las declaratorias de emergencia causadas por desastres naturales, pandemias o cualquier otro análogo, que afecte la obtención de ingresos que de forma ordinaria obtienen los concesionarios y operadores, por la prestación del servicio de transporte público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reducirá en un 70 por ciento, el cobro de los derechos causados a los concesionarios y operadores del servicio de transporte público, por concepto de expedición de licencias de chofer tipo A, refrendo anual y refrendos atrasados de concesiones, reexpedición de la concesión para la prestación del servicio público de transporte, transmisión de concesiones del servicio público de transporte y ampliación de ruta.
En cuanto a la Ley de Comunicaciones y Transportes, los congresistas respaldaron la propuesta para establecer que la antigüedad mínima que deberán tener los vehículos destinados al autotransporte público de personas que pasará de 10 a 15 años.
