La Coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso local, Irma Yordana Garay Loredo, presumió como un triunfo, el revés legal que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma electoral que diputados integrantes de la sexagésima tercera legislatura avalaron el 26 de agosto de 2020, por detectar diversas violaciones al procedimiento legislativo.
Sin embargo, en diversos momentos Garay Loredo fue señalada por sus homólogos como la causante de que no se haya logrado una reforma electoral integral, ya que como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales no realizó en tiempo y forma los trabajos pertinentes.
Y es que de último momento convocó a parlamento abierto para integrar las diversas propuestas presentadas al Poder Legislativo como las del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) entre otras que en algunos casos tenían hasta un año de haber sido entregadas para su análisis.
Esa actitud causo división en el Congreso del estado, que no avalaron sus trabajos y la mayoría de sus homólogos determinó apoyar el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, lo que al final generó la acción de inconstitucionalidad.
A través de un boletín de prensa la petista se congratuló por la sentencia de la SCJN, que anula la reforma electoral, la cual subrayó fue aprobada de manera ilegal “por los intereses de algunos integrantes de la LXIII Legislatura”.
La petista manifestó que la Corte ha sentado un nuevo precedente “para no permitir que nadie quiera estar por encima de la Ley. Hemos hecho historia, la Suprema Corte ha demostrado que las ilegalidades y las arbitrariedades no quedarán impunes. Este es un precedente histórico. La Suprema Corte de Justicia nos dio la razón”.
Además, condenó que el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, haya sido cómplice de esas ilegalidades al haber publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto que validó “en medio de la ilegalidad un grupo de diputados”.
Al ser invalidada la serie de reformas a las Leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Partidos Políticos, por tanto en el proceso electoral 2020-2021 deberán aplicarse las leyes establecidas hasta antes de las reformas aprobadas en agosto del año en curso.
Por tanto, las normas reformadas en 2018 son las que tendrán que aplicarse, de ahí que para buscar la reelección, los legisladores deberán solicitar licencia a su cargo 60 días antes de la fecha de los comicios, y ya no 90, como lo establece la propia Constitución Política del Estado de Tlaxcala.