Segunda y última parte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la decisión que tomó por mayoría de votos de sus integrantes -6 votos a favor, contra 5- de declarar la constitucionalidad de una consulta pública en la que el pueblo específicamente la ciudadanía, es decir, quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Constitución Federal podrán decidir si se lleva a juicio a los expresidentes de la República mexicana por actos que impliquen algún delito, a decir del ministro presidente de la SCJN Zaldívar, lo que se busca es llevar a cabo un ejercicio de democracia participativa, se equivoca el ministro, ya que no es el pueblo el que determina qué y a quién se enjuicia.
Esta decisión de la SCJN ha dejado mal parado al máximo órgano jurisdiccional de nuestro País, la corte ha quedado corta ante su papel determinante para generar un equilibrio entre los Supremos Poderes de la Federación, ya que un tema que por origen y esencia corresponde al ámbito jurídico, ya que llevar a juicio a cualquier persona corresponde a las instituciones creadas por el Estado para esa acción jurídica, pero el hecho ahora es, que un asunto del ámbito jurídico, pasó al terreno político, estamos frente a la politización de la justicia, cosa grave que sienta un precedente negativo en el sistema jurídico mexicano.
A partir de la lamentable decisión de la Corte, ahora podemos esperar que todo ocurra, ya que el Poder encargado de frenar los excesos de los otros Poderes de la Unión (Poder Ejecutivo y Poder Judicial), ha quedado rebasado en su función de defensa del orden establecido por la Constitución, a partir de ahora podemos ver dos escenarios: 1. La sumisión del Poder Judicial de la Federación al Poder Ejecutivo (ya se vió que 6 ministros de 11, votaron a favor, en el caso que nos ocupa y que es de trascendencia política inconmensurable), 2. La justicia de nuestro País ahora es popular; pero hay otro elemento aún peor, la consulta popular no será vinculante, lo que significa que al final de cuentas la consulta será una perdida de tiempo y de recursos económicos públicos, entonces, ¿para qué consultar algo que no tendrá ninguna consecuencia jurídica?
Lo que nos permite llegar a la siguiente idea: la consulta popular, no vinculante, para enjuiciar a expresidentes por posibles actos de corrupción es una vacilada, una pérdida de tiempo, un fuerte golpe a la credibilidad de las instituciones públicas, una forma de sumisión del Poder Judicial de la Federación al Poder Ejecutivo, un distractor en momentos de crisis: sanitaria, económica, de seguridad, política e institucional.
La consulta popular, que además se está planteando que se realice el mismo día de las elecciones del año 2021, con ello los candidatos de Morena tendrán un potente discurso en contra de la corrupción, que será efectivo para convencer y convocar a la movilización electoral, será una forma de generar un ánimo favorable promovido por el titular del Ejecutivo Federal, será una forma indirecta de estar en campaña sin estarlo y con ello ayudar a su Partido político, que como hoy vemos, no solo está enfrentado y dividido, sino que se encuentra sumido en una grave crisis interna, que le está restando credibilidad, posicionamiento político para el año 2021 en el que está en disputa la integración de la Cámara de Diputados, 15 Gobiernos estatales y los Congresos locales de la mayor parte de los Estados del País.
Sin embargo la consulta popular es oxígeno para el Partido del Presidente, para sus candidatas y candidatos, pero para muchos mexicanos la consulta popular en pocas palabras, es populismo constitucional de la corte, que ante los desafíos de este caótico siglo XXI se ha quedado corta ante un Presidencialismo omnipotente y demagogo.
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