Primera parte.
El pasado jueves primero de octubre de 2020, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como máximo tribunal jurisdiccional de nuestro País, con una votación dividida -6 a favor y 5 en contra- se aprobó la constitucionalidad de la consulta pública promovida por el presidente la República para enjuiciar a los expresidentes desde Salinas hasta Peña.
Con está decisión del Poder Judicial de la Federación, se ha sentado un precedente más que preocupante para toda la sociedad mexicana, ha quedado claro que la División de Poderes establecida puntualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 49. “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una persona o corporación…” lo establecido en nuestra Carta Magna después de lo ocurrido en la SCJN es letra muerta.
No es posible que la justicia se subordine a la política, que así suceda, no solo es peligroso para el equilibrio de los Poderes Públicos de la República, sino un riesgo para la Democracia Constitucional, el que los integrantes de la SCJN hayan cedido a las presiones del titular del Ejecutivo Federal, manda un mensaje fuerte y claro de quien manda en este País es la persona que encarna el Poder Ejecutivo, nos da muestra de que el viejo régimen presidencialista, del poder absoluto de un sólo hombre, está más vigente que nunca.
Ya veíamos al Poder Legislativo subordinado a las determinaciones del Poder Ejecutivo, ahora vemos al Poder Judicial de la Federación subyugado al Ejecutivo Federal; la SCJN ha tomado una decisión popular y no constitucional, pero el papel de la “corte” (escribo la palabra corte en minúsculas, porque así de minúscula quedó su presencia en la vida pública) no es ser popular, sino su función es establecer un equilibrio entre los otros dos poderes que forman el Supremo Poder de la Federación; la decisión de declarar constitucional la consulta sobre el enjuiciamiento de los expresidentes es una aberración legal.
En la próxima entrega, explicaré algunas ideas de las consecuencias negativas de la decisión que tomaron por mayoría los integrantes del Pleno de la SCJN.
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