El principal propósito del gobierno de la Cuarta Transformación es limpiar al país de corrupción, y ahora el fraude electoral ya es delito grave, advierte.
El senador de Morena, Joel Molina Ramírez, consideró que, a diferencia del pasado, ahora las prácticas de compra de voto, acarreo o reparto de dádivas, no solo de parte de autoridades locales, sino también de servidores públicos federales, tendrán consecuencias.
Recordó que la posición del gobierno federal frente a los señalamientos de corrupción y riesgos de fraude electoral que empiezan a surgir por motivo del próximo proceso electoral, es de cero impunidad, de ahí que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que no permitirá que funcionarios federales se involucren en delitos electorales, y que también estará pendiente de que las autoridades estatales garanticen elecciones limpias y libres.
“Esto es muy importante, porque el principal propósito del gobierno de la Cuarta Transformación es limpiar al país de corrupción, y ahora el fraude electoral ya es delito grave. Entonces, si se demuestra que se está utilizando dinero público, o que están interviniendo funcionarios en las elecciones, los responsables serán castigados”, dijo.
Al respecto, Joel Molina recordó que, en su reciente visita a Tlaxcala, el titular del Ejecutivo federal manifestó que está obligado a proceder legalmente ante tales prácticas, y con autoridad lo hará, “porque la transformación del país implica procurar el recto proceder de todos para garantizar democracia”.
“Por eso es relevante la advertencia del presidente a quienes decidan vulnerar la voluntad de los ciudadanos: la Presidencia de la República no va a permitir que el dinero del presupuesto federal se destine a favorecer algún partido o candidato, y estará pendiente de que se garanticen elecciones limpias y libres, sin presencia de dinero sucio o trampas, y esta postura la respaldamos como parte de la lucha que la Cuarta Transformación emprende contra la corrupción en México”, añadió.