La titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) María Isabel Maldonado Textle en contubernio con la mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura, habrían incurrido en los delitos de fraude, alteración de documentos oficiales y de corrupción, al desaparecer nueve millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, ya que no le fueron observados por los Diputados locales debido a que esos recursos serían usados de manera discrecional por los Legisladores.
De acuerdo al informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2018 que presentó el OFS al Congreso local, la información fue alterada debido a que en el referido documento fue borrado el déficit aproximado a los nueve millones de pesos y en contraste el Poder Legislativo reportara un superávit de casi un millón de pesos.
En el documento publicado en el portal del OFS, detalló inicialmente que en el capítulo 4000 rubro de transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas en el periodo del primero de enero al 29 de agosto del 2018, hubo un déficit de 1 millón 225 mil, 186.49 pesos de los poco más de 85 millones de pesos que ejercieron en ese periodo los diputados salientes de la LXII Legislatura.
Posteriormente ya con la LXIII Legislatura, durante el periodo correspondiente del 30 de agosto al 31 de diciembre del 2018, el OFS reportó un déficit de 6 millones 389 mil 312.68 pesos, muy superior al anterior, a pesar de que el periodo fue muy corto, los nuevos diputados manejaron cerca de 35 millones de pesos.
Así que, para la titular del OFS fue más fácil desaparecer los poco más de nueve millones de pesos correspondientes al déficit que enfrentaría el Congreso del Estado arriba detallado y que se puede corroborar en la imagen arriba publicada.
En el documento que emitió el ente fiscalizador fue borrado el capítulo 4000 lo que representaría diversos delitos como el de corrupción, toda vez que fue alterada la información oficial ya que en contraste reportó un superávit de 909 mil 326.82 pesos.
A pesar de lo anterior, la cuenta pública del Congreso local correspondiente al 2018 fue aprobada recientemente lo que haría cómplices de los presuntos delitos a l@s diputad@s que votaron la misma.
