Personal de la Fiscalía General de la República se apersonó en la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) para revisar con lupa la documentación necesaria sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con “La Estafa Maestra” en los que incurrió esa institución en manos del ex rector Narciso Xicohtencatl Rojas, que superan los 176 millones de pesos.
Fue a través del portal “La Razón” en el que el vocero de esa institución Eduardo Fernández informó que en el transcurso de esta semana miembros de la FGR ya realizan las pesquisas correspondientes la cual ha sido celosamente cuidada por el actual rector Enrique Padilla Sánchez.
“Desde el día de ayer <miércoles> en las instalaciones se encuentra personal de la Fiscalía cotejando la información que nos solicitaron con un claro interés y la mayor disposición de coadyuvar en dichas investigaciones”, precisa el vocero.
El también comentarista de la estación propiedad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) “Radio Universidad”, presumió que desde la llegada de enrique Padilla Sánchez como rector en el pasado mes de noviembre del 2018; “…es tener una total apertura para entregar la información solicitada sobre ese caso que se registró en el periodo de Narciso Xicohtencatl Corona (SIC) quien enfrenta un procedimiento administrativo por un probable daño patrimonial por 176.1 millones de pesos por observaciones en el ejercicio fiscal 2017”.
Sin embargo, el dicho de Eduardo Fernández contrasta con la realidad ya que el Corporativo ELVAN de México S.A, ha promovido proceso administrativos y penales por haberles negado la misma ya que a la fecha el proceso sigue frenado porque la institución educativa se negó a entregar la información sobre el fraude superior a los tres millones de pesos en el que incurrió la UPT.
Es de recordar que el referido corporativo recurrió a otras instancias para allegarse de la información pública y fue por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Tlaxcala (IAIP), por medio del cual en más de 30 ocasiones les fue negada la misma por indicaciones de la ex presidenta del IAIP Tlax Marlene Alonso Meneses.
Lo anterior provocó que la parte afectada promoviera un Juicio Político ante el Congreso local en contra de la ex comisionada por vulnerar su derecho de acceso a la información pública, misma que recientemente fue destituida del cargo.
A lo anterior, habrá que sumar el proceso penal que el Corporativo ELVAN de México promovió ante la Justicia Federal por el delito de corrupción y por el ejercicio indebido en la función pública en el que incurrió Marlene Alonso quien se presume fue operadora política del actual rector Enrique Padilla Sánchez.
