Tras la detención de Rosario Robles Berlanga ex titular de la SEDATU provocó que el ex rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) Narciso Xicohtencatl Rojas junto con la ex comisionada del IAIP Tlaxcala Marlene Alonso Meneses se encuentren con un pie en el CERESO por estar involucrados en la estafa maestra superior a los cinco mil millones de pesos.
Fue en el año 2017, cuando el portal Animal Político público supuestas irregularidades financieras en diversos entes públicos, así como en gobiernos de los estados, a través de la llamada “Estafa Maestra”, que involucraba a instituciones académicas, como a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la cual podría implicar a la ex titular del IAIP Tlax quien frenó información pública solicitada por ciudadanos defraudados.
Por lo anterior, a la UPT le fue aplicada una auditoria forense, por la firma de Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.
La auditoría forense; “se basa principalmente en que la auditoría financiera se rige bajo las Normas de Información Financieras (NIF) y por su naturaleza no está dentro de su alcance el descubrimiento de algún fraude, mientras que el auditor forense va al detalle, basando su revisión en el 100 por ciento de las partidas a revisar, apoyándose en técnicas de investigación e intuición enfocadas en el fraude pudiéndose además presentar auditorias forenses preventivas orientadas a prevenir y/o evitar algunos fraudes financieros”.
Según la investigación de la cual surgió el trabajo periodístico, hablaba de un sistema de 128 empresas fantasma, las cuales habrían servido al Gobierno Federal para desviar más de 400 millones de dólares, de acuerdo a los informes de la ASF la cual habría sospechado y documentado el desvío de recursos mediante universidades públicas.
Incluso, varios de medios de comunicación de circulación nacional, publicaron de 2013 a 2015 diferentes notas a través de las cuales documentaron el presuntos desfalco en universidades, mediante la revisión de cuentas públicas de las mismas, información que se obtuvo a través de 517 solicitudes de transparencia a instancias federales y estatales.
Para el caso de Tlaxcala, fue el Instituto de Acceso a la Información Público (IAIP Tlax), donde la ex comisionada y Presidenta Marlene Alonso Meneses frenó la investigación pretendida que el Corporativo ELVAN el cual mediante varias solicitudes solicitaron sin éxito, la información sobre algunos contratos hecho por la UPT y el ex rector Narciso Xicohténcatl tras haberlos defraudado al haber contratado a la Politécnica para que les construyera un medidor.
En consecuencia, Lilia Vázquez Juárez representante legal del corporativo ELVAN solicitó hace varios meses al Congreso local que se iniciará un Juicio Político contra la ex Presidenta del IAIP Tlaxcala por negar su derecho a la información y presuntamente encubrir a al ex rector de la UPTlax, Narciso Xicohtencatl Rojas.
Lo anterior se dio tras considerar que varios recursos de información presentados fueron manipulados por la ex defensora de la transparencia en la entidad, por las conductas y omisiones en las que incurrió y pudieran redundar “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de las funciones públicas que dicha denunciada tiene a su cargo”, puntualizó la solicitud de juicio político, la cual podría involucrar a la UPT en la investigación de la estafa maestra.
Sobre todo, porque existe la sospecha de encubrimiento hacia Narciso Xicohtencatl Rojas quien fue acusado por el delito de fraude en contra la empresa ELVAN, proceso que lo mandó a la Cárcel y tuvo que pagar 3 millones de pesos para obtener su libertad condicional y que a la fecha sigue vivo en manos del jurídico de la UPT Luis Aquiahuatl quien busca argumentos legaloides para revertir el proceso.
Otro proceso penal vigente es el que tiene el Corporativo ELVAN en contra de Marlene Alonso Meneses por haber incurrido en el delito de corrupción en el que estarían involucrados algunos funcionarios del organismo garante de la transparencia en la entidad por haber contribuido en el condicionamiento de la información pública que provocó daños al referido corporativo que lleva varios años exigiendo la información sin éxito.
