Después de que fuera reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por iniciativa del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la comisionada del IAIP Marlene Alonso Meses será la primera funcionaria en Tlaxcala denunciada por el delito de corrupción, tras haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, por lo que no se descarta que pueda ser recluida.
Será en el transcurso de los siguientes días cuando el Corporativo ELVAN S.A de C.V presente las denuncias correspondientes después de que la también titular de la ponencia 3 en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales les negó y obstaculizó la garantía de acceso a la información, sobre el fraude millonario en el que incurrió la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT).
Lilia Vásquez representante de la empresa defraudada por varios millones de pesos, adelantó que cuenta ya con los expedientes correspondientes para demandar ante la Justicia federal a Marlene Alonso Meneses por el delito de “ejercicio abusivo de funciones”, que es considerado grave y sin derecho a fianza.
La parte afectada precisó que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 11 de abril del 2019, solo están a la espera de que se cumplan los 90 días que estipula la reforma para proceder legalmente en contra de la comisionada Marlene Alonso Meneses.
De acuerdo a la reforma en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Decreto precisa, que; “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones…”
Es de recordar que el Corporativo ELVAN de México S.A de C.V. demandó a la UPT por el delito de fraude luego de haber incumplido en el ensamble de un monitor de signos vitales para lo cual pagaron tres millones 124 mil 680 pesos.
Por lo anterior, no se descartó que en días próximos la también ex operadora política del actual rector de la UPT Enrique Padilla Sánchez pueda ser recluida, luego de la política implementada por el Gobierno Federal que encabeza el Presidente López Obrador para acabar con la corrupción que se da entre servidores públicos.
