Personeros de Caballero Yonca acusan que SEGOB alenta conflicto en Ixtenco

La Secretaría de Gobierno (SEGOB) alentaria a disidentes del municipio de Ixtenco promovido por un grupo afin a la sindico municipal Lucia Rojas al pedir al Congreso local una ampliación del periodo sancionador hacía Miguel Ángel Caballero Yonca y no permitirle su regreso como alcalde a partir de hoy lunes.

Fuentes cercanas al alcalde supendido Miguel Ángel Caballero aseguraron que con el escrito que el Secretario de Gobierno Aarón Pérez Carro dirigió al Poder Legislativo en el que pide a los diputados una ampliación de 90 dias a la sanción, da fuerza a los disidentes; “que buscan desestabilizar al pueblo porque ven afectados sus intereses personales”.

En el escrito que Pérez Carro envió a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Luz Vera, el funcionario local sugirió que; “en arás de mantener la paz social del municipio el Poder Ejecutivo le solicita se considere ampliar 90 días más el periodo de suspensión del Presidente Municipal…con la finalidad de establecer mesas de diálogo entre las partes involucradas y así evitar hechos tan lamentables como los que se registraron el 14 de marzo pasado”.

Por lo anterior consideraron que la postura de José Aarón Pérez Carro violenta la autonomía en ese municipio, ya que la sanción impuesta por el Congreso local cumplió el plazo establecido por la LXII Legislatura, misma que no pudo comprobar las supuestas irregularidades que presentó el grupo inconforme.

Además, lamentaron la falta de capacidad del Congreso local por dejar crecer el conflicto y no haberse aplicado en conocer del caso a fondo al existir otro tipo de intereses políticos de grupo y hasta económicos quienes en la semana pasada se dividieron por ganar espacios  directivos en lugar de realizar un dictamen con las agravantes que obran en poder de los congresistas.

Ante esa situación, señalaron que habrán de proceder legalmente ante las instancias legales en contra del Congreso por vulnerar sus derechos de Caballero Yonca quien fue destituido por incurrir en aparente mal manejo de recursos públicos lo cual no pudo ser comprobado por la población.

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