No es prioridad invasión y aumento de delitos en zona limítrofe Tlaxcala Puebla

A pesar de que el municipio de San Pablo del Monte ha solicitado la ayuda del Gobierno de Marco Mena y la intervención del Congreso local, es un tema que a los dos niveles de gobierno no les preocupa a pesar de la invasión que ha protagonizado el Estado de Puebla y los problemas sociales y de contaminación que han provocado.

Y es que en días pasados el alcalde Cutberto Benito Cano Coyotl denunció que el Estado de Puebla continúa adueñándose de territorio tlaxcalteca, lo que ha provocado que los actos delictivos se hayan disparado de manera alarmante.

En ese sentido, el Presidente Municipal de San Pablo del Monte Cutberto Benito Cano Coyotl pidió la ayuda del Gobernador Marco Mena ya que no frena la invasión y por los problemas limítrofes de Tlaxcala con Puebla ha generado diversos problemas a los habitantes asentados en dicha zona.

Resaltó que entre esos problemas destacan; “la invasión de predios, relleno de barrancas, falta de seguridad pública y jurídica, asaltos, robo de automóviles, secuestros, la falta de credencialización, regularización de tierra, y la escasez de servicios públicos”.

Cano Coyotol recordó que ese problema se acrecentó ya no fue atendida por los alcaldes en turno lo cual ha provocado que el conflicto por las zonas limítrofes pueda ir en aumento, debido a que; “el municipio de Puebla ha realizado modificaciones de manera unilateral a su línea limítrofe”.

Es de recordar que en esa zona desde hace varios años paracaidistas poblanos se han adueñado de varios predios lo que ha provocado enfrentamiento entre policías e invasores en los que han salido a relucir armas de todo tipo lo que ha dejado lesionados entre policías e invasores.

Por lo anterior, el alcalde adelantó que “a fin de lograr una solución pacífica” y evitar enfrentamientos ya existen acuerdos preliminares que permitan solucionar ese problema que anteriores gubernaturas soslayaron atender ante la falta de interés.

Finalmente solicitó a Marco Mena su intervención para que tanto el INEGI, INE, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPF) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realicen las correcciones correspondientes para evitar un conflicto mayor y para que los recursos públicos sean orientados de manera adecuada.

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